Por: Dr. Rogelio Montemayor Seguy
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha frenado en los hechos la reforma energética, con medidas como la suspensión de subastas de energía eléctrica y de las licitaciones de bloques para la exploración y extracción de hidrocarburos. Ahora, atendiendo a uno de los planteamientos más importantes de la política energética de este gobierno, el de fortalecer a PEMEX y la CFE, la Presidencia de la República ha enviado al Congreso una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica. En la exposición de motivos se incluye que con la reforma energética la CFE quedó “casi en ruinas, endeudada, obligada a otorgar toda clase de subsidios a sus supuestos competidores.”
Lo que busca modificar la iniciativa es básicamente el sistema de despacho de la energía, es decir, en qué orden se suministra la energía. Actualmente se debe suministrar primero la que es más barata, y después la que le sigue precio y así sucesivamente. La iniciativa pretende que se suministre primero la de las hidroeléctricas, como para dar la idea de que se da prioridad a las energías limpias, después a las centrales de la CFE y por último a las de proveedores privados, que son predominantemente energías renovables, esto es, eólica y fotovoltaica y son, incidentalmente, más baratas. Evidentemente se trata de una iniciativa ideologizada, carente de racionalidad económica y ambiental. ¿Por qué ha de darse preferencia a centrales que producen energía más cara y que dañan más el medio ambiente? La iniciativa dice que es para proteger el interés de la nación. Pero no dice cómo se protege el interés de la nación si con energía más cara las empresas que están en México van a perder competitividad; si con centrales más contaminantes se afecta la salud de los mexicanos; si con estos cambios de reglas los inversionistas pierden confianza en nuestro país para realizar inversiones de largo plazo.
Los proyectos eólicos y solares se ven especialmente afectados. La iniciativa los descarta argumentando que producen energía de manera intermitente y dañan, por consiguiente, la confiabilidad en el suministro. Coahuila se verá especialmente afectado porque tiene un gran potencial en cuanto a radiación solar y constancia e intensidad de los vientos, que no querrán aprovechar los inversionistas mientras persista la política energética actual. Cabe preguntarse cómo le hacen entonces todos los países cuya oferta de energía eléctrica es generada crecientemente por este tipo de fuentes, y por qué actualmente un país como Estados Unidos las va a impulsar de manera muy importante. Es obvio que la política energética de nuestro país va en contra de las tendencias globales. Esto es así porque la visión del presidente de la república está anclada en un pasado que él quiere revivir, pero lo que logre hacer en este sentido seguramente será de muy corta duración.
Si esta iniciativa es aprobada, Coahuila se verá nuevamente perjudicada, como lo ha sido por la negativa del gobierno federal para el uso de la estimulación hidráulica para explotar los yacimientos no convencionales de gas en el norte del estado.
Otro de los componentes de la política energética del presidente de la república y que va también contra las tendencias en otros países, es que el carbón seguirá utilizándose como hasta ahora para la producción de electricidad, a pesar de que esta actividad genera la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el complejo de las carboeléctricas de Nava es el principal emisor. Esta situación no podrá sostenerse porque México ha suscrito compromisos internacionales para limitar la emanación de estos gases, con metas específicas para plazos específicos. Además, Canadá y Estados Unidos desean incorporar estos compromisos, concretamente los derivados del Acuerdo de París, al T-MEC. Para mantener la viabilidad de largo plazo del carbón lo que se tendría que hacer es sustituir las centrales carboléctricas en operación, ya obsoletas, por nuevas carboeléctricas con captura de carbono. Existe la tecnología con la que se evita el grueso de la emisión de GEI a la atmósfera; esta tecnología está en uso en un gran número de centrales alrededor del mundo y constituye una opción factible para sostener la economía de la Región Carbonífera, en la que los empleos, el ingreso de las familias y la actividad económica en general dependen crucialmente, de manera directa o indirecta, de la extracción de carbón.
En suma, la política energética del gobierno federal ha sido notoriamente perjudicial para Coahuila, pues impide el aprovechamiento de recursos energéticos que son abundantes en el estado, como el gas, el viento y el sol, y pone en riesgo el uso del carbón en el futuro. En el Clúster de Energía Coahuila consideramos que hay decisiones de política energética que deben corresponder a los gobiernos de los estados, como el uso de las técnicas de aprovechamiento. Consideramos también que debiéramos demandar un cambio radical en dicha política, toda vez que está afectando enormemente un sector estratégico para nuestras perspectivas de desarrollo, el de la energía.